Tanto el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, como el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra Carollo, siguen sin querer admitir el daño que la actual Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales causa a los animales silvestres, especialmente en los territorios insulares del Estado, por el trato de privilegio que esta ley otorga a los gatos. Hacen todo lo posible por ignorar la información científica disponible a día de hoy sobre esta materia.
Han sido numerosas las ocasiones que desde la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) hemos dado a conocer tanto a la opinión pública en general, como al director general de derechos de los animales en particular, que no sólo los gatos cimarrones, sino que además los gatos domésticos no controlados y los gatos vagabundos que forman o no parte de las colonias felinas suponen una seria amenaza para las especies nativas de Canarias y Baleares, tal y como ocurre en todas las islas donde los gatos han sido introducidos.
El impacto de los gatos sobre las faunas autóctonas insulares es un tema que ha sido muy estudiado; por esto, no existe la menor duda de que son una de las mayores amenazas para las faunas autóctonas a nivel global, con un efecto más importante que el que tienen los roedores u otros depredadores introducidos en las islas. Esto lo tiene claro todo el mundo que se acerca a este problema de forma objetiva, en especial las instituciones científicas que se dedican a la conservación de la biodiversidad u organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que considera al gato una de las especies exóticas más dañinas. Pero, por desgracia para la biodiversidad insular del Estado, ni el ministro ni el director general parecen tomarse en serio este grave problema.
Para colmo, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 7/2023, parece haberse puesto de moda instalar comederos para gatos en la vía pública, con lo cual tanto las poblaciones de gatos vagabundos como sus impactos son cada vez mayores. Evidentemente, los impactos de estas concentraciones de gatos no son iguales en un ambiente urbano que en un espacio natural protegido, pero lo cierto es que las encontramos en todos lados y cada vez en mayor número. Cómo ejemplo, en Tenerife, una isla de 2034 km2, hay más de 400 colonias registradas y muchas más sin registrar… y su número va en aumento. A los gatos de estas colonias habría que sumar los gatos con propietarios que viven en la isla (más de 90.000, según estimaciones recientes), así como los cimarrones (aquellos que no tienen contacto alguno con el ser humano, pero que sabemos que también son bastante numerosos).
Ante este panorama dantesco, desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, resulta surrealista que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anuncie que concede a dedo, “una subvención de 100.000 euros para desarrollar un programa de investigación sobre el comportamiento de los gatos comunitarios en territorios insulares” “para generar evidencia científica que pueda ser utilizada por las entidades locales para diseñar protocolos de actuación”.
No podemos entender el objeto de esta subvención ya que, como hemos comentado, sobran las evidencias científicas sobre los impactos de los gatos en los ecosistemas insulares, estén o no alimentados, pero suponiendo que le ministro quiera ir más allá y saber más sobre este grave problema ¿por qué con esos 100.000 euros no realiza un proceso competitivo para que puedan optar a esa financiación los grupos de investigación que llevan años estudiando el impacto de los gatos? ¿No será que el objetivo es otro? Desde luego, da esta impresión.
Curiosamente, e imaginamos que no por casualidad, esos 100.000 euros serán gestionados por las personas que más apoyo dieron a esta Ley durante su tramitación y que han destacado por minimizar el grave impacto de los gatos sobre las especies nativas insulares, a pesar de las numerosas evidencias científicas a nivel de islas de todo el planeta. Pensamos que es muy posible que el ministerio quiera buscar apoyos, teñidos con un barniz científico, para tratar de hacer frente a los numerosos problemas que esta Ley está provocando.
El comunicado del Ministerio termina diciendo “Desde el Ministerio se destaca la especial relevancia que tiene la gestión de las poblaciones felinas en los espacios insulares como medida de protección de la biodiversidad.” queriendo dar por sentado algo que carece del más mínimo respaldo científico-técnico, ya que la gestión de las colonias de gatos en lugares abiertos no logra reducir el impacto de los felinos sobre la biodiversidad.
El Estado cuenta con una enorme red de espacios naturales protegidos, la Red Natura 2000, donde habita multitud de especies amenazadas y protegidas no solo amparadas por la legislación nacional, sino también por la europea. Si la legislación nacional no protege a las especies amenazadas, ya que no reconoce a los gatos como una amenaza, está dejando entrever que España, como Estado, no protege su patrimonio natural y además, ignora flagrantemente la legislación europea.
Por este motivo, estamos atónitos ante este panorama, y nos sorprende que el verdadero Ministerio con competencias en la conservación de la biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), mire para otro lado y no diga o haga nada ante este evidente problema de gestión de la conservación de la biodiversidad.
Por último, no menos esperpéntico resulta que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que debe tener entre sus objetivos cumplir la Agenda 2030, entre ellos el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15, cuyo enunciado incluye: “…poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.”, ignore los impactos que causan los gatos, especie invasora que ha contribuido a la extinción total de al menos 63 especies de vertebrados (40 aves, 21 mamíferos y 2 reptiles), y que además, constituye una de las principales amenazas para otras 367 especies con problemas de conservación, algunas de las cuales viven en Canarias con grave riesgo de extinción.
Pensamos que esto ocurre cuando un ministerio, sin competencias ni experiencia en la gestión de la biodiversidad, se pone a legislar sobre un grave problema de conservación: el impacto de los gatos sobre las faunas autóctonas insulares. Sin lugar a dudas, esto, podría asemejarse a lo que ocurriría si un elefante irrumpe a toda velocidad en una cristalería. Con la importante diferencia de que las piezas de vidrio son objetos que se pueden fabricar y sustituir, mientras que las faunas insulares son únicas e irreemplazables.